Cátedra de Filosofía del Derecho

Tuesday, October 10, 2006

PROBIDAD



Alberto Ormeño Retamal.
Filosofía del Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción


Introducción:

En el presente trabajo analizaré el concepto de probidad. Concepto conocido en Latinoamérica, lamentablemente no por su cumplimiento, sino que al contrario, por los escándalos de corrupción que han llevado a cabo nuestros representantes y funcionarios.

La probidad es un tema delicado, así lo demuestra la historia de nuestros pueblos, existiendo casos en que justamente por no cumplir con este principio, países han colapsado económicamente.

Los perjudicados no son pocos, por lo tanto es más que necesario regular en los ordenamientos jurídicos este principio, a manera de garantizar el actuar probo de nuestras autoridades y funcionarios públicos.

Abarcaré en este trabajo no sólo la probidad, sino que también, desde un punto de vista más filosófico, a la ética.

El trabajo lo he dividido en tres capítulos; uno, de aspectos conceptuales, en donde me referiré a las definiciones de probidad del diccionario de la real academia española de la lengua y de la propia ley. También mencionaré el concepto de ética desde una visión filosófica.

En segundo lugar, trataré a la probidad en la filosofía. Para ello me guiaré por el filósofo griego Aristóteles. Para luego dar a conocer la opinión de otros pensadores sobre el tema.

Por último, daré cuenta del tratamiento de la probidad en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en lo que se refiere a la probidad administrativa.


Capítulo I

Aspectos Conceptuales.

Para dar inicio a mi trabajo estimo necesario definir que es probidad y a la vez dar una visión acerca de que se entiende por ética, concepto que tiene una estrecha relación con el primero y que ha sido tema de estudio en el mundo de la filosofía.

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:

Probidad: (Del latín probĭtas, -ātis). Honradez. // Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. // Conjunto de cualidades que define la hombría de bien, honradez, rectitud, integridad. // Cualidad de la persona que tiene una conducta intachable que cumple con su deber y no comete acciones innobles.1

Y el diccionario Enciclopédico Sopena define este concepto como:

Probidad: Bondad, rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez.2

En nuestro ordenamiento jurídico también encontramos definiciones de probidad, así la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado en su art. 54 se refiere al principio de probidad administrativa como: “una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”

Por su parte el art. 5° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, señala: “El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”3, se observa la misma definición en ambas leyes.

Aventurando una definición podemos decir que la probidad es “la rectitud en el obrar de las personas, de acuerdo a los usos y costumbres vigentes en una comunidad determinada”. Me atrevo sumar a la definición “los usos y costumbres” por el vínculo existente entre probidad y ética, ya que creo que esta última no es la misma en las distintas culturas.

En estrecha relación con la probidad, y en un sentido más propiamente filosófico encontramos el concepto de ética.

Ética: (Del latín ethĭcus y éste del griego ethiká) Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre en esa área. Significa “costumbre” y, por ello, se ha definido con frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres, sobre todo en las direcciones espiritistas. La distinción aristotélica entre las virtudes éticas indica que el término ético es tomado primitivamente sólo en un sentido “adjetivo”; se trata de saber si una acción, una cualidad, una virtud o un modo de ser son o no “éticos”. Para Aristóteles, las virtudes éticas son aquellas que se desenvuelven en la práctica y que van encaminadas a la consecución de un fin. A ellos pertenecen las virtudes que sirven para la realización del orden de la vida del Estado (justicia, amistad, valor, etc.) y tienen su origen directo en las costumbres y en el hábito, por lo cual pueden llamarse virtudes de hábito o tendencia. Hoy lo ético se ha identificado cada vez más con lo moral y la ética ha llegado a significar propiamente la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, la filosofía moral.

Se le ha definido también como “parte de la filosofía que trata del bien y del mal en los actos humanos”.

La ética es, en rigor, una disciplina que tiene como objeto de descripción y de reflexión la moral de los actos humanos, aunque a menudo se identifiquen los conceptos de ética y moral. Según la perspectiva que se tome al enjuiciar los valores, las normas y los hechos, la ética puede ser autónoma (cuando contempla el sujeto de la moral como fuente y fundamento de toda moralidad) o heterónoma (si funda el sentido de la moral en algo exterior al acto y al sujeto), de ahí se subdivide en teológica, si esa fundamentación es Dios, utilitarista, si lo es la utilidad concreta de los actos para el individuo, eudonomista si lo es la felicidad de éste, hedonista si el fundamento sobre el que se apoya el juicio es el placer del sujeto, etc.4

Creo necesario explicar la diferencia existente entre ética y moral, dado que normalmente se confunden y se tienden a identificar. Si bien etimológicamente significan lo mismo, o sea “costumbre”, hoy en día la ética se refiere al conjunto de normas que nos vienen del interior; en cambio la moral se refiere a las normas que nos vienen del exterior, o sea de la sociedad.

Por último, como el presente trabajo dice relación con la probidad en el plano administrativo, es fundamental tener claro a que nos referimos con ética profesional: es ésta una “ciencia normativa que estudia los deberes y derechos de quienes realizan una actividad laboral, sea cual sea su ámbito”5.

Capítulo II

La Probidad en la Filosofía.

En este capítulo me referiré al aspecto filosófico de la probidad, para lo cual es necesario partir con el concepto de ética, y para ello me guiaré por el que elabora el filósofo griego Aristóteles.

Aristóteles fundamentalmente en su obra “Ética a Nicómaco”, da a conocer que entiende por ella.

La ética de Platón y Sócrates, quienes identificaban el bien con el conocimiento, caracterizándose con un marcado intelectualismo, entendían a este bien como único, así Platón en su obra “la República” sostiene que la idea del Bien debe necesariamente conocerla quien quiera proceder sabiamente tanto en su vida privada como en su vida pública, una idea de Bien que es única y la misma para todos los hombres.

Aristóteles en cambio rechaza la existencia de un Bien en sí, o sea de un Bien único: “Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección parecen tender a algún bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran". ("Ética a Nicómaco", libro 1,1). "Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán por consiguiente los fines. Así, el fin de la medicina es la salud; el de la construcción naval, el navío; el de la estrategia, la victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza". ("Ética a Nicómaco", libro 1,1)6

Esta obra nos dice que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin de la acción es el bien que se busca. Por tanto el fin se identifica con el bien, sin embargo la acción humana puede a veces configurar un “medio” para lograr otro fin, o lo mismo otro bien. Por ejemplo: estudio para lograr una buena calificación, por ende esta buena calificación es un fin, que servirá para aprobar un ramo y así cumplir los requisitos para titularme y poder trabajar, que es otro fin o bien distinto.

Ahora cabe preguntarse, ¿hay un fin último, que no sea un medio o instrumento para lograr otro fin? Para Aristóteles la Felicidad es el bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza. La naturaleza humana nos impulsa a buscar la felicidad, una felicidad que Aristóteles identifica con la buena vida, con una vida buena. Aquí surge un problema, ya que no todos los hombres tienen la misma concepción de que es una “vida buena”, es decir de la felicidad, para unos la felicidad consiste en el placer, para otros en las riquezas, para otros en los honores, etc.

¿Es posible encontrar algún factor común que permita decidir en que consiste la felicidad, más allá del prejuicio de cada cual?

No se trata de buscar una idea de ética como lo hace Platón con la idea de bien. La ética no puede ser una ciencia que dependa del conocimiento de la definición universal del bien, sino una reflexión práctica encaminada a la acción, por lo que ha de ser en la actividad humana en donde encontremos los elementos que nos permitan responder a esta pregunta. Cada sustancia tiene una función propia que viene determinada por su naturaleza, actuar en contra de la respectiva función, es actuar contra la propia naturaleza. Por ejemplo, un lápiz ha de servir para escribir, si no cumple su función será un lápiz malo, si la cumple tendrá la virtud que le es propia. La virtud, pues, se identifica con cierta capacidad propia de una sustancia, o de una actividad (de una profesión, por ejemplo).

El hombre también tiene una función propia, si cumple esta función será un “buen hombre”, en caso contrario será un mal hombre. La felicidad consistirá por lo tanto en actuar en conformidad con la función propia del hombre. Y en la medida en que esa función se realice, podrá el hombre alcanzar la felicidad. Si sus actos le conducen a realizar esa función, serán virtuosos; en el caso contrario serán vicios que le alejarán de su propia naturaleza.

Es en este punto donde se puede hacer la relación con la probidad. Como se dijo anteriormente la probidad se puede definir como: "la integridad y la honradez en el actuar". Su antónimo es la corrupción, que se define como: "vicio o abuso introducido en las cosas no materiales" o "echar a perder algo".

La probidad, es una virtud que debería ser practicada por todos los hombres, obviamente que si así fuera la corrupción no existiría.

En términos generales la probidad es el Bien, y la corrupción es el Mal. El bien y el mal son el objeto de estudio de la Ética, la que intenta encontrar principios generales que permitan distinguirlos y explicar por qué existen.

La moral, en cambio, es la práctica cotidiana de la acción humana, cuyos actos morales (buenos o malos) son el objeto de estudio de la Ética.

La probidad esta determinada por la moral de cada época, por tanto es relativa, por lo menos en términos históricos, aunque es cuestionable si lo es en el plano individual, ya que siempre se debería tener la idea de actuar con honradez e integridad. Así se podría sostener que el hombre va definiendo la probidad según sus necesidades, o mejor dicho la sociedad la va definiendo.

Una solución fácil es remitirse al concepto que da la ley de probidad, pero puede suceder que este concepto no se ajuste a los valores éticos que predominen en una sociedad determinada, por tanto ese acto que la ley señale como probo, puede ser a la vez ilegítimo.

Por otro lado se puede revisar como algunos filósofos y políticos han entendido a la Ética en relación con el Estado a lo largo de la historia, estimo importante dejar constancia de varias visiones, porque el funcionario público es por naturaleza un funcionario del Estado.

Ya revisamos brevemente la idea que tenía Aristóteles sobre la Ética; pero se puede agregar que éste filósofo postulaba que la Ética formaba parte de la política, es decir de la actividad de gobernar y administrar la polis.

Hoy se hace una distinción de Ética: entre la pública y la privada, aunque pensadores como Friedmann sostienen que en la empresa (Ética en su ámbito privado) no se aplica, ya que el fin de ésta es sólo obtener ganancias. Sin embargo, existen exigencias éticas sobre el actuar de la empresa, cosa distinta es que se cumplan.

En el caso específico de la Ética pública, su función es producir pensamiento sobre el comportamiento del Estado, del servicio público, de los servidores públicos y de los políticos. Este pensamiento debe ayudar a definir el comportamiento de estos entes y trazar la frontera entre el bien y el mal en este ámbito y promover la probidad.

En relación a este tema, el filósofo alemán Hegel, señala que el Estado es la más alta expresión de eticidad.

En las teorías del contrato social, los hombres ceden sus derechos a cambio de la protección de ellos por parte del Estado, por tanto el Estado cumple un fin ético.

Santo Tomas de Aquino vincula el Estado a la ley natural, en la que se realiza la virtud y el bien común.

Para otros pensadores el Estado va contra la moral, así para los anarquistas, como Bakunin, el Estado es una institución que oprime al hombre, y el fin de éste último es la Libertad. Por ende el hombre sólo será libre y moral cuando el Estado deje de existir al igual que otras instituciones opresoras.

El artista y político cubano José Martí señalaba que “todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública, a su Patria".

Por otro lado, Karl Marx y Friedrich Engels, basándose en el materialismo dialéctico, nos dicen que el Estado es el mayor instrumento de opresión de la clase dominante sobre la otra. El Comunismo se caracterizará por la desaparición de éste ente, que utilizará la clase proletaria en la fase anterior, el Socialismo. El Estado tiene la Ética de la clase dominante, la que usa la institución para producir un flujo de conocimientos que justifican y explican las desigualdades sociales y la explotación, para ello utiliza además del aparataje estatal (FFAA, Tribunales de Justicia, etc.) otros medios como la Educación o los Medios de comunicación. Las ideas éticas tienen esa función (permitir la reproducción del sistema) o combatir al sistema por sus fallas y horrores (los que desean su cambio).

Por último, el sistema económico actual, tiene por fin disminuir el Estado, dejando la solución de los problemas económicos y sociales, al mercado. En este sentido, sólo los que tienen los recursos necesarios no sufrirán problemas económicos y sociales, cuestión que estimo éticamente reprochable.

Capítulo III

La Probidad en nuestro Ordenamiento Jurídico.

En este punto desarrollaré principalmente la probidad en el Derecho Administrativo, es decir en relación con la función pública. Sin perjuicio de ello, señalare inicialmente otros textos que contienen normas relativas a este valor.

Constitución Política del Estado de Chile: Lamentablemente nuestra carta fundamental no contiene una consagración expresa del principio de probidad, refiriéndose a el, sólo en forma tácita.

El artículo 1 inciso 4° de la Constitución señala: “El Estado esta al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común…”. Este rol fundamental del Estado debe realizarse sobre la base de principios tales como la responsabilidad, eficiencia, racionalidad y probidad7, obviamente este rol no se lograría si se actúa en forma corrupta, ya que se estaría vulnerando la ley y el bien común, al actuar para beneficio propio o para una tercera persona.

Artículo 6° inciso 1° señala que: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”. O sea los funcionarios de la administración del Estado deben sujetar su actuar al orden constitucional y legal vigente, lo que trae como consecuencia que sus acciones sean desarrolladas conforme al principio de probidad administrativa.

Artículo 7° inciso 1°: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley”. La forma de actuar se consagra en leyes como la de Bases Generales de la Administración del Estado, en el Estatuto Administrativo, y en la propia ley de Probidad.

Artículo 48 del texto en análisis, que al señalar las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, en su número 2, dice que se sancionará la conducta de las más altas autoridades del Estado cuando han comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación o por haber cometido delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Esta disposición adhiere claramente al principio en análisis.

Lo mismo hace el artículo 57, inciso 2o, que sanciona con la cesación en el cargo de parlamentario al que celebrase o caucionare contratos con el Estado o que -inciso 3o- ejercitare influencia ante autoridades administrativas o judiciales en determinadas situaciones.

Código Penal: Este código contiene varios tipos penales que condenan actitudes contrarias a la probidad. Así encontramos por ejemplo: el artículo 223 que tipifica el delito de prevaricación, el artículo 232 que trata sobre la malversación de caudales públicos, el 239 sobre fraude y exacciones ilegales, el artículo 240 sobre negociaciones incompatibles, el 248 que tipifica el delito de cohecho, etc. Todas estas conductas implican falta de probidad por parte de los funcionarios, y a la vez estos delitos son manifestación del rechazo del legislador a la corrupción.

Código del Trabajo: en su artículo 160 que trata sobre la terminación del contrato de trabajo, establece: Art. 160. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales:

1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan:

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.


En el ámbito Administrativo propiamente tal, se puede distinguir 3 textos legales en donde se trata la Probidad Administrativa: (por lo menos los más importantes)

1.- La ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa Aplicable a los Órganos de la Administración del Estado.

2.- Ley 18.834 Estatuto Administrativo.

3.- La Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.


1.- Ley 19.653, Sobre Probidad Administrativa aplicable a los Órganos de la Administración del Estado: esta ley introdujo a la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, un título III denominado “De la Probidad Administrativa”.


El artículo 54 define Probidad Administrativa en los siguientes términos: “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”

La misma norma nos señala que sujetos están obligados a observar este principio:

Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes.
Los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata.

El cumplimiento de este principio no es facultativo, sino que las personas recién señaladas deben sujetarse estrictamente a él, así lo demuestra el artículo 54 al decir que su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este título, en su caso.

Por su parte el artículo 55 de la misma ley nos señala que el

Interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar una gestión eficiente y eficaz; esto se expresa en:

El recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades
Administrativas.

Lo razonable e imparcial de sus decisiones.
En la recitad de ejecución de las normas, planes, programas y acciones.
La integridad ética y profesional de la administración de los recursos
públicos que se gestionan.

La expedición en el cumplimiento de sus funciones legales.
El acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la
Ley.


Todos estos puntos reflejan claramente el principio de probidad

administrativa, llegando incluso a establecer como exigencia “LA INTEGRIDAD ÉTICA”.

El artículo 56 de la ley en análisis establece una serie de inhabilidades para ingresar a cargos administrativos, las que dicen relación con el principio de probidad, y que tienen por fin evitar la vulneración de este principio. A modo de ejemplo el artículo 56 en su letra c) señala: “Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establece la ley, no podrán ingresar a cargos de la Administración del Estado:

c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito.

También se puede destacar el artículo 59, que es una manifestación concreta del principio de probidad administrativa, al exigir a ciertas autoridades una declaración de intereses, cuyo contenido se encuentra en el párrafo 2º del Reglamento8 (Individualización, especificando el cargo o función que cumple en la Administración, la individualización de las actividades profesionales o económicas en que participa el funcionario, y la fecha y lugar en que se otorga). Esta declaración es pública y según el artículo 13 del reglamento se considerará un documento público o auténtico. Esta declaración debe actualizarse cada 4 años y cada vez que ocurra un hecho relevante que la modifique, entendiéndose como relevante todo hecho que afecte o altere las actividades profesionales y económicas del funcionario o autoridad, en cualquiera de los contenidos descritos en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º del reglamento.

El artículo 7º del reglamento es el que enumera las autoridades que deben realizar esta declaración; entre ellas encontramos a el Presidente de la República, a los Ministros de Estado, Intendentes y Gobernadores, etc.


La no presentación de la declaración es sancionada con una multa de 10 a 30 UTM.


El artículo 10 del reglamento nos dice que “la obligación de presentar la declaración de intereses regirá independientemente de la declaración de patrimonio que leyes especiales impongan a las autoridades y funcionarios señalados en los artículos anteriores.”

Por último el artículo 64 menciona las conductas que, en especial, contravienen el principio de probidad administrativa, estimo necesario transcribir íntegramente este artículo, ya que constituye la norma central en esta ley, al mencionar expresamente el legislador que conductas estima no probas.

Artículo 64.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;


4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga, y

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del

ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.

El legislador en el encabezado de este artículo señala que “contravienen especialmente el principio de probidad”, lo que hace concluir que no es una enumeración taxativa, pero que sin duda establece un marco.

2- Ley 18.834 Estatuto Administrativo: El estatuto contiene diversas normas que resguardan el principio de probidad, entre ellas encontramos:

En cuanto a los requisitos de ingreso a cargos públicos; Artículo 11 letra e) señala; “No haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones”
Y el mismo artículo 11, pero en su letra f) “No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito”. Las dos letras se refieren a la aptitud moral para ejercer la función pública.

Referido a las obligaciones comunes a todos los funcionarios públicos. El artículo 55 señala en la letra g) “Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales”

En relación con las prohibiciones, se distingue las fundadas en razones institucionales y las fundadas en razones de probidad administrativa, ligado a estas últimas el artículo 78 letra b) establece: “Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción”.

Según el Profesor Enrique Silva Cimma, el concepto “interés” empleado en el estatuto es de “amplio alcance”, pues dice relación con beneficios de cualquier orden que pretenda obtener el infractor.9

El mismo artículo 78 en su letra c) también establece la prohición de “actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de las instituciones que de él forman parte…”

En este punto, el Sr. Silva Cimma señala que la palabra “interés” debe entenderse sólo a aquellas situaciones que presenten un carácter pecuniario.

En fin todo el artículo 78 dice relación con el principio de probidad, al establecer ciertas conductas prohibidas para los funcionarios públicos.

El artículo 79 del estatuto trata de las incompatibilidades, donde encontramos la incompatibilidad de jerarquía, para desempeñar cargos públicos en forma simultánea, salvo las excepciones señaladas en la ley. Y la que se refiere a la imposibilidad de que en un mismo órgano de la administración desempeñen cargos las personas ligadas por los vínculos de parentesco señalados en el artículo.

3.- La Ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: en su art. 16, prohíbe al personal de los órganos administrativos públicos realizar actividades político partidistas dentro de la Administración y prevalecerse de la autoridad de su cargo para aplicarla en asuntos ajenos a sus funciones.

Además cabe señalar que la Ley 19.653 introdujo un título III a la ley Nº 18.575, denominado “De la Probidad Administrativa”.

A modo de Conclusión:

A quedado demostrado que en nuestro ordenamiento jurídico el legislador se ha preocupado de la probidad, regulando cuidadosamente en el ámbito administrativo el principio de probidad; cuestión necesaria, ya que los funcionarios públicos administran la institucionalidad Estatal de la cual dependemos todos los chilenos.

Si bien en Chile los índices de corrupción no se comparan con el resto de Latinoamérica, no quiere decir esto que estemos exentos de ella. Al contrario aún persisten manifestaciones de este mal.

Por tanto, el camino es aún largo para desterrar de una vez por todas a la corrupción de nuestra administración, tarea que corresponde a todos y cada uno de los chilenos. Tema que pasa por el nivel de Educación que tenemos, tanto a nivel formal como informal.

Bibliografía:


1.- Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 21° edición, Madrid 1992.

2.- Diccionario Enciclopédico Sopena, Barcelona 1980.

3.- Carolina Beltrán Riquelme, “Ética, probidad y su importancia en la Administración del Estado”, Universidad de Concepción 2001.

4.- Diccionario Enciclopédico Salvat, 14° edición, España 1999.

5.- Aristóteles; Ética a Nicómaco; Madrid, 1981.

6.- Solveig Cruz Bonilla, “Probidad y Gobernalidad Democrática en Chile”, Universidad de Concepción, 2003.

7.- D.S. Nº 99/2000, Interior, Reglamento para la declaración de intereses de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado.

8.- Carlos Muñoz Mendez, Probidad Administrativa, aplicación de la Ley 19.653. Editora Mampired Limitada. Concepción, Chile.

9.- Ley Nº 19.653, Sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la Administración del Estado.

10.-Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

11.-Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo.

12.- Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

13.-Constitución Política de la República, Editorial Jurídica, 2003.

14.-Código del Trabajo, Editorial Jurídica, 2004.

15.-Código Penal, Editorial Jurídica, 2004.

Páginas de Internet Consultadas:

1.- www.bcn.cl

2.- www.probidadenchile.cl

3.- www.webdianoia.com/aristóteles.

4.- www.revistaprobidad.info.